Durante años se nos explicó que el IUSI era un impuesto sobre la propiedad.
La explicación era falsa.
El IUSI era, en realidad, un impuesto sobre la ingenuidad de creer que una propiedad podía llegar a ser verdaderamente propia.
Uno compraba una casa con dinero que ya había pagado impuestos. Pagaba impuestos al comprarla, impuestos al construirla, impuestos por los materiales, impuestos por los servicios y probablemente - en el futuro - algún impuesto por abrir la puerta en las mañanas o los centímetros cúbicos del inodoro...
Después aparecía la municipalidad para comunicarle que aquel inmueble que figuraba a su nombre continuaba perteneciendo, en un sentido místico y administrativo, a la comuna.
—La casa es suya —venía a decir el alcalde— pero tendrá usted que pagarnos periódicamente para que no discutamos el asunto.
Y así, el propietario descubría que no había comprado una casa.
Había adquirido una suscripción...
Una especie de Netflix inmobiliario - si se dejaba de pagar, no se cancelaba la película: se amenazaba al espectador.
Llegaban entonces las cartas.
No eran cartas cordiales, desde luego. Ninguna municipalidad escribe para preguntar cómo se encuentra uno de salud o si los niños van bien en los estudios. Escribe para informar que existe una deuda, que la deuda crece y que, si el vecino insiste en la absurda manía de no tener dinero, procederán judicialmente.
Resultaba admirable la lógica.
Un hombre podía estar sin empleo, enfermo o arruinado. Podía vivir en una casa heredada que jamás habría podido comprar con sus ingresos actuales. Pero el municipio observaba el inmueble, calculaba un valor teórico y concluía que su dueño era, indudablemente, un sujeto con liquidez.
Porque para la administración pública poseer una pared equivale a tener una bóveda llena de billetes.
Y si el vecino no pagaba, podía iniciarse el cobro judicial, perseguirse su salario o colocar la vivienda bajo amenaza.
Todo ello, naturalmente, en defensa de la propiedad privada.
No existe forma más refinada de proteger una propiedad que advertirle al propietario que puede perderla.
Ahora se anuncia la eliminación —o al menos la neutralización residencial— del IUSI, y uno siente cierta satisfacción. No la alegría desordenada del revolucionario que derriba una estatua, sino el placer mucho más civilizado de ver resbalar sobre una cáscara de plátano a quien llevaba años cobrando por barrer la banqueta.
Hay karma en el asunto.
Durante años, ciertos alcaldes trataron al vecino como una fuente inagotable de recursos. Le cobraron por la vivienda, por los servicios, por los permisos, por los formularios, por existir dentro del perímetro municipal y, en algunos lugares, por proyectar sombra sobre la vía pública...
Ahora protestan porque perderán ingresos.
Es comprensible.
También los salteadores de caminos lamentan profundamente que se ilumine la carretera.
Se nos dice que las municipalidades necesitan el IUSI para funcionar. Puede ser. Pero una institución que depende de amenazar la vivienda de los ciudadanos para sostenerse quizá no tenga un problema de ingresos sino de diseño, gasto y codicia.
Además, las municipalidades no han estado abandonadas en el desierto alimentándose de cactus.
Reciben aportes constitucionales, fondos ordinarios, recursos de los Consejos de Desarrollo y transferencias extraordinarias aprobadas con dinero nacional. Cuando tales fondos se reparten, algunos alcaldes no cuestionan el principio: únicamente se indignan porque al municipio vecino le correspondió una montaña y al suyo una cucharadita.
El lector: Estamos hablando de Neto Bran?
El autor: Qué? Quién? nooo...
El lector: Es que pareciera...
El autor: No, para nada - por favor siga leyendo... soque soque soque...!
La autonomía municipal parece, en ocasiones, una doctrina curiosa:
—El Gobierno central no debe interferir nunca en nuestros asuntos - excepto cuando se trata de enviarnos dinero, claro.
Pero conviene ser cautos.
En Guatemala ningún impuesto muere del todo. Algunos cambian de nombre, se dejan crecer bigote y regresan convertidos en tasa, arbitrio, contribución especial, certificado obligatorio o formulario con timbre.
El IUSI podría marcharse por la puerta principal y volver seis meses después disfrazado de “aporte solidario para la sostenibilidad ecológica de los servicios territoriales”.
Por eso no corresponde todavía bailar sobre su tumba.
Primero habrá que verificar que esté bien muerto.
Después habrá que vigilar al sepulturero.
Porque las municipalidades han perdido, o están a punto de perder, no solamente una fuente de ingresos. Han perdido una herramienta de extorsión extraordinariamente cómoda: la vivienda del vecino como obligación recurrente.
Eso es lo verdaderamente importante.
La casa debe ser el refugio del ciudadano, no la garantía permanente del recaudador.
Si el IUSI residencial desaparece, habrá que celebrarlo. Sin trompetas excesivas, sin ingenuidad y con una mano muy muy cerca de la billetera.
Una celebración más al estilo de "vamos a los tacos"
Porque no todos los días el Estado suelta el cuello del contribuyente.
Estamos celebrando el interim mientras cambia de mano...
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